Al filo de la navaja

Al filo de la navaja

Raúl Ramírez Baena

Preocupante escalada militar

6 Febrero 2018

Por Raúl Ramírez Baena

En el México moderno, una vez consumado el régimen post-revolucionario, fuera de las intervenciones militares en la Guerra Cristera, en el Movimiento Estudiantil de 1968, en la Guerra Sucia de los años 70 y 80 y en el levantamiento del EZLN en 1994, las Fuerzas Armadas mexicanas no habían tenido tanta intervención directa en la vida civil como en el régimen de Peña Nieto, que continuó la “Guerra al Narco” de Calderón, a partir de la cual las fuerzas armadas han protagonizado graves hechos violatorios de los derechos humanos.

La militarización en México ha escalado ya otro nivel, estando este proceso en una fase superior que académicos, periodistas y defensores debemos analizar en cuanto a sus alcances.

Por un lado, el irrefrenable protagonismo de los titulares de la Sedena y la Semar, como nunca antes en tiempos de paz, que han cabildeado directamente en el Congreso en favor de la Ley de Seguridad Interior “para dar certeza jurídica” a las fuerzas armadas en torno a su anticonstitucional intervención en funciones de seguridad pública y a su presencia en innumerables actos civiles en todo el país.

Destaca la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que ha decidido otorgar el Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, a pesar de fuertes protestas de académicos y ONG locales y nacionales.

Durante la firma del Decreto de Ley de Seguridad Interior y su publicación en el DOF, el Presidente Peña Nieto anunció a la nación que no emitiría declaratoria de protección militar para zona alguna, prevista en esa legislación, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre su constitucionalidad. Pero esto sin duda es un engaño.

Los militares siguen con su presencia y operativos amparados en el artículo 6 que dice: “Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”

Y el artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior, segundo párrafo, establece: “Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran”. Definiciones tan discrecionales que bien podrían aplicarse a cualquier movimiento social.

En días pasados el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida declaró que “aunque han sido replegadas de los operativos en Nuevo León, Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Colima, las Fuerzas Armadas no regresarán a sus cuarteles ni se prescindirá de su apoyo en tareas de seguridad pública.”

En Sinaloa, las autoridades estatales invierten 740 millones de pesos para construir una base que albergará de forma permanente a 3,500 elementos de la Policía Militar, quienes “colaboran” con las corporaciones locales en los operativos de seguridad. Igual, se anuncia el reforzamiento militar en Michoacán, Veracruz y Guanajuato.

El ascenso de los militares en funciones de seguridad pública no es sólo la instalación de puestos de control militar y operativos especiales en carreteras y calles de las ciudades. Su protagonismo consiste en sustituir y desarmar a policías municipales, en colocar a militares como jefes policíacos o como “asesores” de alcaldes y gobernadores, en su presencia permanente en los C-4 o C-5, o bien que los comandantes de las zonas y regiones militares palomeen a los titulares de seguridad pública y manden en los Grupos Coordinación de los Estados en esta materia.

Pero las malas noticias no quedan ahí. A pesar de las múltiples denuncias en contra de militares y de innumerables recomendaciones de la CNDH, como resultado de la política de miedo, la “Primera Encuesta Urbana sobre Gobernanza del Sector Seguridad” arroja que la Marina y el Ejército son las instituciones que más confianza generan entre la población, con 86% y 81% respectivamente. En cambio, las policías estatales y municipales son las que menos confianza generan, con 56 y 46 por ciento, respectivamente.

Esta escalada militar no podría explicarse sin la intervención directa de los Estados Unidos en temas de seguridad, más allá de la Iniciativa Mérida.

Como una reactivación de la Doctrina Monroe, de la política del Gran Garrote y de lo más rancio de la Guerra Fría, en su última visita a México y a países de Centroamérica y el Caribe, el Secretario de Estado, Rex Tillerson (ex presidente de la trasnacional petrolera Exxon Mobil), nos aconseja poner cuidado sobre “los tentáculos rusos” en el actual proceso electoral (como si Trump no tuviera problemas respecto a la –esa si- intervención rusa en su elección, que lo puede tumbar de la Presidencia, y como si los EUA nunca intervinieran en elecciones mexicanas) y, un día antes de viajar a nuestro país, plantea la posibilidad de que militares venezolanos derroquen al presidente Nicolás Maduro.

Los yanquis, que no tienen amigos sino intereses, no se andan con rodeos en eso de lanzar advertencias a países bananeros, como México, su patio trasero, en caso de que, en sus procesos electorales, decidan de manera soberana dar un giro a las políticas económicas, financieras, energéticas y en materia de seguridad (migración incluida) dictadas desde Washington.

Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

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